La Audiencia Nacional Española podría investigar a los creadores del sistema jurídico que hizo posible el funcionamiento de la base de Guantánamo por delitos de tortura. La querella fue presentada por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas, con el propósito de investigar a algunos funcionarios que trabajaban tanto para el subsecretario de Defensa como para el Fiscal general, o como consejeros de George Bush.

“No cabe la menor duda. España tiene la jurisdicción para iniciar un juicio contra los funcionarios estadounidenses, como también la tienen otros países, pues la prohibición de la tortura es universal”.

Así asegura el abogado español Joan Garcés, quien parte del acuerdo establecido en los tratados de Ginebra y también en el Convenio Internacional contra la Tortura, documento firmado por más de ochenta países, entre ellos España y Estados Unidos.
Lo específico de este tratado, que data de 1984, es que está dirigido contra los funcionarios de Estado, mejor dicho, contra aquellos funcionarios que han utilizado sus recursos y los recursos estatales para cometer el delito de tortura contra cualquier persona de cualquier nacionalidad.

Preferencia

En el caso de Guantánamo, aunque este nefasto recinto está en territorio cubano, se trata de una base militar que está bajo jurisdicción de Estados Unidos, y de allí que los tribunales que tienen la preferencia para enjuiciar esos supuestos hechos delictivos son los estadounidenses. Según el abogado español Joan Garcés, quien fue asesor personal de Salvador Allende y, más tarde, junto al juez Baltasar Garzón, hizo posible la detención en Londres de Pinochet,

“lo primero que corresponde hacer a los magistrados españoles es recabar información sobre si, acerca de esos presuntos delitos, hay abierta una investigación judicial en Estados Unidos, y si los tribunales estadounidenses no quieren o no pueden investigar el presunto delito. Solamente en este último caso la jurisdicción universal puede actuar”.

Debido a un compromiso que contempla el tratado de ayuda mutua en materia penal, Estados Unidos, en este caso, está obligado a colaborar en las investigaciones. A su vez, el tratado de prohibición de la tortura de 1984 también obliga a colaborar entre sí a los Estados, para evitar que los casos de tortura queden impunes.

El actor principal

En el caso que se está estudiando, se trata de cinco altos funcionarios de la pasada Administración, entre ellos los ex ministros de Defensa y Justicia, Donald Rumsfeld y Alberto Gonzales, respectivamente. Sin embargo, resulta difícil explicarle al hombre de la calle por qué no figura en la lista el nombre del actor principal en el caso de Guantánamo, es decir el propio George W. Bush. Garcés “El tratado contra la tortura de 1984 es muy explícito respecto a la responsabilidad de los funcionarios del Estado, cualquiera que sea su rango, incluido el jefe del Estado. Obviamente que mientras ocupe el cargo, el Presidente goza de inmunidad internacional’.

Si bien, como ex mandatario, Bush ya no goza de inmunidad, el caso deberá ser evaluado en los tribunales sobre todo en función de la disponibilidad de pruebas que lo inculpen. Y habrá muchas, encontrarlas tal vez sólo sea cuestión de tiempo.
En este caso, según las informaciones conocidas, lo que se ha presentado al tribunal español son documentos que estarían firmados por los juristas que habrían utilizado sus puestos públicos para recomendar la práctica de torturas.

Investigaciones contra Rumsfeld

Varias organizaciones de Derechos Humanos expresaron su satisfacción por los pasos que se están dando en España y …. esperanzas hay. Tiempo atrás, el Centro por los Derechos Constitucionales, de Estados Unidos, presentó, ante el Tribunal de Núremberg, una denuncia contra Donald Rumsfeld, el anterior ministro norteamericano de Defensa, por su presunta participación en las torturas contra presos de la guerra en Iraq. El ex titular fue acusado además por un tribunal francés por los mismos hechos. En ambos casos se iniciaron investigaciones, las cuales hasta ahora siguen avanzando en distintas instancias.

“Estamos al comienzo del camino, pues estos procedimientos, como todo procedimiento judicial, así sea sobre el tema más rutinario, se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan ni cómo terminan,” puntualiza el jurista español.
Fuente; Fernando Cabrera